La mayoría absoluta del PP supuso que, a pesar de que el resto de grupos (PSOE, CDS e IU) votaron a favor de esa investigación, la propuesta fuese rechazada.

El enfrentamiento dialéctco en el debate entre los portavoces popular y socialista fue de los más duros que se recuerdan últimamente en las Cortes castellano-leonesas.

El experto en asuntos económicos del PSOE, Zenón Jiménez Ridruejo, acusó al PP de "haber instigado a los trabajadores de la empresa" en contra suya, en referencia a una ocasión en que los empleados de Cristaloyd interrumpieron un examen que se estaba celebrando en la Facultad de Económicas, en donde Ridruejo es profesor.

"Esta es una historia", dijo el prourador socialista, "repleta de alusiones, manipulaciones e insidias por parte del señor consejero de Economía, que no ha dudado en instigar a los trabajadores contra la oposición".

"¿Qué estaríamos diciendo aquí si los socialistas hubiéramos instigado a la Guardia Civil contra el señor Ramallo?", preguntó Jiménez Ridruejo.

El procurador, que anunció hace unos días su intención de presentar ante el fiscal anticorrupción los datos y documentos que constan en su poder para que los tribunales decidan está dispuesto a probar que 375 millones de los que deberían figurar en las cuentas mercantiles de la empresa están en paradero desconocido y que los documentos se han falseado.

"Si no es un error, y yo tengo razones para suponer que no lo es", dijo, "automáticamente la cuenta de inmovilizado material está falseada, y si lo está en la cuenta del activo, lo está para el año 93, el 92 y el 91, y hay documentos mercantiles falsificados", dijo Jiménez Ridruejo.

Por su parte, el portavoz de los populres, Francisco Aguilar, afirmó que las 5 auditorías encargadas no han descubierto ninguna irregularidad en la empresa.

"Si usted está absolutamente seguro de que eso es financiación irregular de nuestro partido o ha discurrido por cauces no legales, acuda usted mañana al fiscal, pero no vaya al fiscal anti-corrupción, porque todavía no existe", señaló.

La empresa Cristaloyd, situada en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid, es de capital público al 100%, ha registrado pérdidas de 1.200millones de pesetas en los últimos 4 años, mientras produjo sólo 200 millones y emplea a 72 trabajadores.

El anuncio del PSOE de llevar el asunto a los tribunales se debió a las reiteradas negativas del PP y de la Junta de Castilla y León a facilitar los documentos mercantiles y financieros de la empresa, contra la que también ha anunciado la presentación de una demanda una empresa consultora norteamericana.