La proposición aprobada sólo pide al Ejecutivo que realice "una evaluación sobre el funcionamiento del CERA y en seis meses remita sus conclusiones a la Cámara", es decir, después de que se hayan celebrado loscomicios autonómicos en Galicia.

Sin embargo, se rechazaron sendas proposiciones del Grupo Socialista, de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que pedían al Ejecutivo una serie de medidas mucho más concretas sobre el CERA.

En concreto, las proposiciones del PSOE y del BNG reclamaban medidas urgentes para garantizar que el voto por correo de los emigrantes se produce de forma libre, directa y secreta, y para impedir cualquier tipo de práctica que pueda esconder una manipulación d ese sufragio.

Asimismo, instaba a los países extranjeros a que aplicaran todo tipo de medidas cautelares en la distribución de la documentación electoral y en la posterior recepción de los votos.

En la misma línea, la propuesta de Izquierda Unida solicitaba garantías de que el CERA incluye sólo a los residentes españoles en el extranjero con derecho a voto, y reclamaba de la Administración consular facilidades para que todos ellos puedan votar de forma libre y directa.

Estas tres proposicioes fueron en el último momento refundidas en una enmienda transaccional que aglutinaba todas las peticiones de los grupos firmantes, y que fue rechazada por la mayoría parlamentaria.

Los portavoces del PSOE, Consuelo Rumí; de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón; y del BNG, Carlos Aymerich, coincidieron en subrayar la necesidad de estas medidas argumentando las irregularidades detectadas recientemente en el CERA, con un aparente exceso de electores centenarios.

En contra de estos argumentos, la poravoz del Grupo Popular, Angeles Muñoz, recordó que las irregularidades sólo se han denunciado ante unos comicios en los que gana el PP, y acusó a la oposición de intentar acallar la voz de los emigrantes por conveniencia electoral.