En el mismo pleno, el grupo de Convergencia i Unió (CiU), mayoritario en la cámara, impidió la aprobación de una propuesta de toda la oposición (PSE, ERC, IC y PP) para crear una comisión de investigación sobre este caso, alegando que el estudio de la Intervención General de la Generalitat sobre el destino del aval ya había aclarado que se había invertido en las obras del parque.

Alavedra insistió en que se trataba de una cuestión "cerrada", aunque reconoció que De la Rosa había utilizado 1.000 de los 10.000 millones del aval, temporalmente, como garantía de un crédito a Grand Tibidabo, empresa que presidió hasta hace unos meses.

El consejeo dijo que entre los meses de enero y febrero de este año se produjeron "irregularidades" en relación al uso de esta cantidad de dinero, pero añadió que "no hubo desvío de recursos públicos". En este sentido, recordó que el informe de la Intervención General de la Generalitat había sido remitido al Fiscal General para que estudiara posibles implicaciones jurídicas.

Los grupos de la oposición acusaron a Macià Alavedra de ocultar el hecho y de "falta de transparencia", a la vez que le recriminaron no haer actuado contra De la Rosa ante las sospechas de uso irregular del aval ni contra la Caixa de Tarragona, en la que el financiero ingresó los 1.000 millones como garantía de unos créditos concedidos a Grand Tibidabo.

El consejero de Economía tiene previsto comparecer el próximo día 19 de octubre ante el Parlamento autonómico para dar explicaciones sobre este caso y sobre la política de avales y créditos de la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).