Así consta en el documento "Compromisos del Partido Popular: por una educación de calidad con equidad y libertad", resultado de la reunión mantenida esta mañana por la secretaria ejecutiva de Política Social, Ana Pastor, con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas "populares".

La reunión se produjo en la víspera de la reunión que mantendrá la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, con los consejeros de Educación, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece como obligatorio realizar una prueba externa en cuarto curso de primaria. Según estos compromisos del PP, además de este examen establecido por Ley, los alumnos de las comunidades donde gobierna el grupo popular realizarían otro examen en sexto de primaria (el último curso antes de pasar a Secundaria).

De hecho, la semana pasada, los escolares de sexto de Primaria de la Comunidad de Madrid realizaron un examen externo (el examen de Conocimientos y Destrezas Imprescindibles), que organizó la Consejería de Educación, en virtud de sus competencias en materia educativa.

EXAMEN DE SEPTIEMBRE Y LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO

El documento señala otras pautas comunes que se seguirán allí donde gobiernan los populares. Entre ellas, la realización de pruebas extraordinarias de septiembre en todos los cursos académicos, y la puesta en marcha de un "plan de choque" contra el fracaso escolar en Primaria y Secundaria.

El documento presta especial importancia a establecer "un marco legal que garantice plenamente el carácter propio de los centros y su proyecto educativo singular, que corresponde definir a sus titulares, y facilite al máximo su autonomía pedagógica".

Además, el texto defiende el derecho que tendrán los padres a "elegir centro" entre opciones "plurales", y a que sus hijos "reciban una formación en valores, conforme al proyecto educativo elegido".

Asimismo, "en los presupuestos anuales de las Comunidades Autónomas se consignarán fondos suficientes para la prevención de la violencia en el ámbito escolar" y se mencionan mejoras de las condiciones socio-laborales del profesorado (reducción horaria a partir de los 55 años, incentivos económicos para la función tutorial, etcétera).

En las comunidades con más de una lengua oficial, ambas serán lenguas vehiculares en todas las etapas educativas, y su lengua y su literatura "tendrán un tratamiento propio y el horario necesario".

El documento también se refiere a la necesidad de dar un trato especial a los centros situados en áreas rurales y a los que se enfrentan a "dificultades y circunstancias singulares", que gozarán de mayor felxibilidad curricular y organizativa, así como de un tratamiento específico en materia de personal.

Entre otros puntos, el texto incluye, también, la promoción de ayudas directas a las familias para "facilitar la libre elección de centro" en la primera etapa de Educación Infantil (0 a 3 años) y "garantizar la existencia de puestos escolares gratuitos en centros públicos y en centros privados concertados" para el segundo ciclo (3 a 6 años).