En declaraciones a Servimedia, la diputada lamentó la muerte de un piquete en su provincia, Granada, que junto a Almería y Girona han sido las que más incidentes han vivido durante la huelga.

En su opinión, el Gobierno es el responsable último de la huelga de los transportistas, por su "actitud totalmente pasiva al permitir las actuaciones que se han producido", y le exige por ello compensaciones por los daños causados.

Especialmente grave considera los daños al campo y a los ganaderos, que no pueden hacer llegar los productos hasta los consumidores, agravados por la "permisividad" del Gobierno y la ausencia de servicios mínimos y de abastecimientos básicos garantizados.

Concepción de Santa Ana aseguró que si la Subdelegación del Gobierno en Granada hubiera tomado medidas "no tendríamos esta situación". "No han planificado y no han medido las consecuencias de la huelga", y ahora es necesario un plan logístico para garantizar los suministros, concluyó.