El PP salió así al paso de las informaciones según las cuales los scialistas pretenderían impedir, con el visto bueno de la formación que lidera José María Aznar, que el Congreso de los Diputados pueda crear comisiones de investigación sobre asuntos del pasado.

Esas informaciones pueden obedecer, dijo Nuñez en el Congreso, a "un globo sonda" lanzado por el PSOE o a una confusión de "sus deseos con la realidad". "El Partido Popular no está dispuesto a aceptar esta propuesta a cambio de nada. Ni siquiera para sacar adelante por consenso el futuro Reglamento", aseveró. El principal objetivo de la reforma del reglamento, recordó, es "mantener e incluso reforzar" las competencias del Congreso en su labor de control al Gobierno y en la "valoración" de las gestiones anteriores. Por tanto, el texto que salga de la ponencia "no minimizará ni limitará" esas competencias.

Este punto ni siquiera se ha debatido formalmente en el seno de la ponencia, cuyos trabajos están "muy adelantados", según Manuel Núñez, quien expresó su esperanza en que este mismo mes se pueda ofrece a la comisión un texto del nuevo Reglamento que esté en su mayor parte consensuado.

PRINCIPIO DE ACUERDO

Núñez avanzó que hay un "casi asegurado consenso" en el procedimiento de creación de la comisiones, que sería similar al establecido en las Cortes de Castilla y León.

El sistema consiste en que la comisión queda constituida si la solicitan al menos dos grupos parlamentarios o un quinto de los miembros de la Cámara, si nadie se opone formalmente. Por el contrario, si alguien manifiesta su opsición, se debatiría en el pleno, donde sólo podría ser rechazada con el voto en contra de la mayoría absoluta.

Además, reiteró que la Constitución no establece la incompatibilidad entre las comisiones de investigación parlamentarias y la instrucción simultánea de un procedimiento judicial. Tampoco tiene precedente en el actual reglamento ni se contempla en ninguno de los ordenamientos del derecho comparado.

En cualquier caso, esa posible incompatibilidad tendría que ser resuelta en cada caso porla Mesa de la Cámara, de acuerdo con la legislación vigente, sin que suponga una renuncia del Congreso a las investigaciones sobre la gestión de los gobiernos.