La petición de creación de una comisión había sido presentada por el PSdeG-PSOE, que en un primer momento afirmaba que las obras se habían pagado en parte sin ser ejecutadas.

En su intervención de hoy, el portavoz socialista, Miguel Cortizo, no hizo referencia al pago, desmentido con documentos y de forma contundente por dos consejeros del Gobierno Fraga, pero afirmó que en el proceso de adjudicación y realización de dos instalaciones de seguriad en inmuebles de la administración autonómica (y en el expediente para comprar una embarcación de seguridad) se vulneraron tres leyes (de Presupuestos, de Contratos del Estado y Financiera y Presupuestaria de Galicia) y varios decretos, y denunció la existencia de ilegalidades.

Según puso de relieve Miguel Cortizo, altos cargos de la Xunta firmaron documentos "O" (reconocimiento de obligaciones) de las tres expedientes y denunció otra vez la existencia de sendas certificaciones del antiguo secretari general de Seguridad afirmando que estaba realizadas las instalaciones de seguridad por importes de 32 y 49 millones de pesetas.

El Grupo Popular se parapetó en la afirmación de que la Xunta no ha pagado ni una peseta de las obras que según esos documentos estaban listas para su recepción definitiva hace un año y que todavía no fueron admitidas por el Ejecutivo. El portavoz del PP, Jaime Pita, negó que se hubiera vulnerado norma legal alguna y dijo que no se había dado publicidad a la adjudicación delas instalaciones "por razones de seguridad".

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Alfredo Suárez Canal criticó la "doble moral" del PP por negar en Galicia lo que pide en Madrid y reclamó información sobre la situación del ex secretario general de seguridad, Justo Alvariño, al tiempo que preguntó si la Xunta emprendió alguna acción contra él por firmar certificaciones al parecer falsas. También preguntó las razones del cese de este alto cargo, que llegó a Galicia de la mano de Fraga, cuando sepresentó por primera vez a la Xunta, hace cinco años.