Asimismo, exige que el Gobierno central informe sobre la evaluación del riesgo efectuada por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se decidió comunicar la alerta a los ciudadanos e identifique qué controles en frontera, a nivel nacional y de la UE, respecto a contaminantes se realizaron a dichas mercancías

En esta iniciativa se le pide también que facilite"información completa y, sobre todo, clara, para evitar extender la alarma a productos que en su elaboración industrial hayan podido incluir el aceite de girasol y que coordine las actuaciones con las Comunidades Autónomas".

Beteta señala en la exposición de motivos de la proposición no de ley que "la gestión de esta alarma alimentaria contradictoria ha provocado una paralización del mercado del aceite del girasol, con graves efectos en el sector, tanto en el sector agrícola, como en el productor, una alarma generalizada en los consumidores que vieron como se retiraba un producto básico en la dieta de muchos hogares".

"Y lo que es más grave, una quiebra de la confianza de los consumidores en los controles oficiales para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. Ante la falta de transparencia en la gestión de esta crisis, la industria agroalimentaria también puede verse gravemente perjudicada ya que es consumidora de este tipo de aceite. Días después, el propio ministro ofreció una lista de marcas limpias de agentes aptas para el consumo pero sin aclarar qué marcas podían estar afectadas por la contaminación de hidrocarburos", añade el escrito del portavoz popular.

A su juicio, el Ministerio de Sanidad "ha trasladado a los medios la alarma, sin que concurrieran las circunstancias preestablecidas para ello, (como la necesidad de comunicar a la población un riesgo, o la de detener con carácter inmediato la comercialización de un producto), con la consiguiente alarma social y confusión a nivel del consumidor e incluso de empresas alimentarias como la restauración o el pequeño comercio".

El PP considera que "todas estas medidas han sido realizadas sin consulta previa e información detallada a las Administraciones Autonómicas y Locales, ignorando el papel que la Constitución Española les confiere y que se encuentra plasmado en correspondientes Decretos de Transferencia de las Competencias en materia de salud pública".