Esta fue la reacción del principal partido de la oposición al acuerdo del Alto Tribunal, que ordenó la nulidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y mandó retrotraer todo el proceso de selección y nombramiento.

Los populares recordaron que, el pasado mes de noviembre, el Supremo ya sentenció que García Ortiz cometió desviación de poder. Y, “en vez de causarle un reproche del Gobierno, le supuso la renovación en el cargo incluso con el informe desfavorable del CGPJ”. Después, remarcaron desde la oposición, el Alto Tribunal le volvió a condenar por el caso del fiscal Ignacio Stampa. Y “ahora le ha obligado a revocar el ascenso de la exministra del PSOE Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática”.

“Si la Fiscalía General del Estado depende de Pedro Sánchez, como él mismo dijo, la politización sin precedentes que estamos viendo en la Justicia es su responsabilidad. El Supremo tumba este sistema clientelar de designaciones que practica García Ortiz y que ha avalado Sánchez. Urge erradicarlo y así se haría si se aplicase el Plan de Calidad Institucional de Feijóo”, expusieron desde el PP.

En opinión de Génova, García Ortiz ha actuado como si fuese un ministro más del Ejecutivo, es decir, “de la misma forma” que José Félix Tezanos en el CIS, Concepción Cascajosa en RTVE o Miguel Ángel Oliver, exsecretario de Estado de Comunicación, en la Agencia EFE. “La corrección moral que no se puede esperar de este Gobierno llega por parte de la Justicia”, apostillaron desde el PP.

Con todo ello, los populares reclamaron su "dimisión" o su "cese". Y apelaron al PSOE a apoyar la iniciativa del PP que se votará este miércoles en el Senado. “Es una magnífica oportunidad. Si quiere optar por la regeneración democrática, esta es la única vía para hacerlo. No necesita ni cinco días de reflexión ni esperar hasta después de las elecciones europeas”, incidieron.

“Si el PSOE necesita más motivos para respaldar la iniciativa del PP en la Cámara Alta, también puede escudarse en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de abrir una investigación por presunta revelación de secretos de un particular tras una supuesta instrucción que dio García Ortiz”, concluyeron en alusión a la filtración de los datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.