PSOE, CiU y PNV defendieron la conveniencia de que se recabe en los próximos días la documentación de estudio necesaria, para analizarla en julio y agosto con el fin de empezar ya a fondo los trabajos en el nuevo periodo de sesiones que se inicia en septiembre.

La controversia se suscitó en la primera reunión de trabajo de la comisión, en la que se determinaron las primeras comparecencias y se hizo un primer esbozo de calendario de trabajo.

La polémica entre el PP y el resto de los grupos sobre la celeridad de los trabajos se saldó al final con una intervención del portavoz popular, Jaime Ignacio del Burgo, en la que expuso su "enorme preocupaciónpor el futuro de la comisión", al considerar que el interés en que se demore el inicio de las comparecencias esconde un intento de convertir la comisión en una "comisión de juegos florales".

"Si dejamos los trabajos para septiembre, esta comisión empezará con un suspenso", afirmó Del Burgo, quien recordó la frase atribuida a Napoleón de que "si quieres que algo no se esclarezca, crea una comisión".

Aseguró que lo verdaderamente importante de esta comisión es pasar a investigar cuanto antes los caos de corrupción que han creado preocupación y alarma en la ciudadanía.

Los representantes del PSOE, CiU y PNV, acusaron al diputado del PP de poner en cuestión sin fundamento la voluntad de estudio e investigación del resto de grupos. "No se trata", le replicó el convergente Josep López de Lerma, "de ver ante los medios de comunicación quién es el que más trabaja. Mi experiencia en la Cámara me dice que quien más pide trabajar es el que más está ausente de ella". José Juan González de Txábarri opinó ue hay mucho que estudiar "y es mejor cargarse las pilas para septiembre".

Como solución salomónica propuesta por el presidente, Luis Mardones, se acordó fijar una próxima reunión para el día 29 en la que, en función de la documentación recabada entonces, se determine cuándo iniciar las comparecencias. Todo apunta a que finalmente las primeras intervenciones no tendrán lugar hasta septiembre, dado lo voluminoso de la documentación que se va a pedir.

Hoy sí hubo acuerdo en las primeras personas qu serán llamadas a declarar. Por este orden, acudirán el director general de Política Interior, el presidente del Tribunal de Cuentas y los responsables de Organización y Finanzas de los partidos y coaliciones con representación parlamentaria desde 1979.

Por lo que se refiere a documentación, la comisión pedirá al Tribunal de Cuentas todos los informes de fiscalización hechos a la contabilidad de los partidos desde 1987 -año de aprobación de la ley de financiación-, y se pedirá a la Central de Riesgo dl Banco de España información sobre los créditos concedidos a los partidos por las entidades bancarias.

Cuando se concluya esta primera fase de recogida de información, la comisión pasará a investigar los escándalos de financiación irregular que han tenido mayor eco social -casos Filesa, Naseiro, etcétera- y después iniciará la redacción de una nueva ley de financiación de partidos.