La proposición no de ley, a la que tuvo acceso Servimedia, busca el apoyo del resto de grupos parlamentarios para que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a destinar “todos los recursos humanos, estructurales, tecnológicos y económicos que resulten necesarios” a lograr este fin.

El principal partido de la oposición quiere, además, que todas las medidas que el Ejecutivo impulse se consensuen y coordinen con las comunidades autónomas y los entes locales, en las que tiene un amplio poder territorial, y las organizaciones competentes. Y todo ello, “considerando las capacidades, los conocimientos y los recursos de los usuarios referidos, y atendiendo tanto a prestaciones y servicios públicos como a privados.

En la exposición de motivos, el PP justifica esta iniciativa en un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Los datos que arroja son que el 45% de las propias personas con discapacidad afirma encontrar barreras en el entorno digital, el 42% considera "muy complejo y avanzado su uso", el 32% encuentra problemas de accesibilidad al no poder manejar ciertos dispositivos por incompatibilidades derivadas de su situación, el 20,6% desconfía de lo digital y "tiene miedo" de ser engañado y/o víctima de algún fraude y el 15,9% dice carecer de los recursos necesarios para adquirir nuevas tecnologías.

En paralelo, desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se afirma que "en los últimos años se ha observado un aumento en los fenómenos de exclusión de las personas adultas mayores en multitud de servicios ofrecidos ahora de forma digital", y que este grupo de personas presenta una "especial vulnerabilidad en cuanto a la protección de su privacidad y al creciente número de fraudes y delitos cibernéticos".

En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puso de manifiesto en mayo la necesidad de posibilitar "una protección reforzada" para "las personas con discapacidad y las personas mayores" con la que "garantizar un consumo digital inclusivo para todos", entre otras vías, a través de la formación y la potenciación de capacidades en usabilidad. Se expuso así para "todos los ámbitos", aunque se señalaron sectores en los que la necesidad es mayor como, por ejemplo, "los servicios financieros".

Con todo ello, el PP considera que el Gobierno debe tomar todas las medidas posibles para garantizar que hay “avances reales en términos de consumo digital inclusivo para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada”.