Explicó que hay que conciliar el derecho a la huelga con la prestación de unos servicios y con el respeto a los servicios mínimos y destacó que, "si no se respetan hay, que actuar para garantizar el servicio a todos los madrileños".

Agregó que el portavoz del PP y senador, Antonio Beteta,pedirá la comparecencia urgente del ministro de Interior en la Cámara Alta con el objetivo de que dé explicaciones sobre la actuación de su departamento en este conflicto.

"No está en cuestión el derecho a la huelga, sino la prestación de un servicio esencial para los ciudadanos", dijo Pérez, que indicó que esta concesión se produjo en la etapa del socialista Joaquín Leguina al frente del Gobierno regional.

Aseguró que la Comunidad de Madrid pondrá al servicio de los ciudadanos, mientras dure la huelga, "los servicios complementarios que sean necesarios para que nadie tenga que sufrir las consecuencias de un desencuentro entre empresa y trabajadores".

Por otro lado, negó las acusaciones del portavoz socialista, Rafael Simancas, en las que denunció que la Comunidad de Madrid rebaja sus aportaciones al transporte público, mientras que el Estado las incrementa.

Puntualizó que el Estado ha modificado el criterio de adjudicación de ayudas al transporte público, en el sentido de que no aportará fondos dependiendo del número de viajeros, sino en función de la población de la región.

"El Gobierno central ha cambiado de criterio para que Barcelona obtenga mas dinero", dijo Pérez, que explicó que de esta forma la Ciudad Condal aumenta sus ingresos un 31% y Madrid sólo un 7,4%. Según sus estimaciones, Madrid dejara de percibir 120 millones de euros y Barcelona obtendrá 25 millones más.