Partido Popular e Izquierda Unida llegaron incluso a pedir la dimisión del presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, durante lapresentación del "informe Filesa" en la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Dicho informe niega la existencia de "relaciones económicas, de financiación o de cualquier otro tipo" entre el PSOE y las empresas Filesa, Malesa y Time Export y sólo reconoce diversos servicios a este partido por parte de Distribuidora Expres 2020, sin que tras ellos se esconda ninguna irregularidad.

El Tribunal de Cuentas aprobó el informe en junio pasado gracias al voto de calidad del presidente, después del empate registado entre los vocales que estaban a favor y en contra del informe de fiscalización elaborado por el consejero Elisio Fernández Centeno.

El malestar de la oposición por la "tibieza" de la investigación realizada al PSOE se centra en la consideración de estos partidos de que el Tribunal de Cuentas ha rehusado fiscalizar con detalle a las empresas supuestamente relacionadas con el Partido Socialista.

El principal argumento que esgrimió Adolfo Carretero para refutar las acusaciones de la oposición esque la institución que preside carece de competencias para investigar asuntos como los extractos tributarios o las operaciones del PSOE en el extranjero.

ORDEN FRANCISCANA

La diputada del PP Luisa Fernanda Rudi denunció la constatación, a través de los medios de comunicación, de la existencia de varias facturas a cargo del PSOE sin fecha y firma y sin la reseña del concepto por los que se realizan tales pagos.

"Usted no debe presidir más tiempo el Tribunal de Cuentas por el prestigio del propiotribunal", le dijo Rudi a Adolfo Carretero, tras recordarle que en una anterior comparecencia en el Congreso, el presidente del Tribunal de Cuentas había asegurado que iba a investigar a fondo a las empresas mencionadas.

Jerónimo Andreu, portavoz de Izquierda Unida, emplazó a Carretero a que presente su dimisión, dado que "el Tribunal de Cuentas no nos merece ninguna garantía, porque no ha cumplido la investigación que le solicitó la Comisión Mixta Congreso-Senado".

El diputado de IU dijo que el ribunal de Cuentas "ha querido hacer creer a la opinión pública que el PSOE es una orden franciscana".

Andreu criticó la mala actuación de un organismo "que debe garantizar que las Cuentas Públicas del Estado tengan un reflejo nítido" y anunció que su grupo solicitará en breve al Tribunal de Cuentas que reabra el caso.

Eduardo Vallejo, del PNV, calificó de "insuficiente" el informe y manifestó que ante los ciudadanos ha quedado la sospecha de que "se oculta más de lo que se dice".

"En un momnto en que la política está tan vapuleada por la sospecha, deberíamos arrojar más luz, porque no hay mejor desinfectante que la transparencia", afirmó Vallejo.

Alberto Dorrego, del Grupo Mixto, indicó que la fiscalización realizada sobre el PSOE "desmoraliza a la sociedad y se queda con la sensación de que se hace daño a la democracia con este tipo de informes".

El portavoz socialista, Néstor Padrón, fue el único diputado que se mostró benévolo con la intervención de Adolfo Carretero. Padrón asegró que nunca antes se había realizado una investigación a un partido "con tanta contundencia", "aunque a otros partidos les hubiese gustado que las conclusiones del informe fueran otras".

Ni en su intervención ante la comisión ni en su posterior comparecencia en rueda de prensa, Adolfo Carretero aportó ninguna novedad sobre la elaboración del informe ni su contenido.

El responsable del Tribunal de Cuentas insistió en reiteradas ocasiones que la fiscalización ha llegado hasta el límite que estableen las competencias asignadas a este organismo.

El Tribunal de Cuentas "no puede ejercer de tribunal de guardia", afirmó Carretero, y aseguró que su voto al emitir el informe, aunque es considerado de "calidad", "es igual que el de cualquier otro consejero".

Cuando los informadores se interesaron por la petición de dimisión realizada por la oposición, Carretero manifestó que "es un juicio de valor que asumo pero que no puedo compartir".

Admitió que en torno al "caso Filesa" y el consiguienteinforme de su tribunal ha girado la polémica, pero negó que pueda hablarse en algún caso de "politización" de esta institución.