Así lo indica el portavoz popular en el Senado, José Miguel Ortí Bordás, en una pregunta que ha formulado al Gobierno, en la que afirma, además, que la situación de las poblaciones costeras es, incluso, más comprometida, dado el gran número de personas que las visitan en la época estival.

Ortí Bordás recuerda que nuestro país cuenta con unas 1.400 depuradors para los 8.022 municipios existentes, lo cual significaría que sólo el 10 por ciento de las aguas residuales reciben un tratamiento adecuado.

La normativa comunitaria obliga a los núcleos urbanos con más de 15.000 habitantes a construir instalaciones de depuración antes del año 2000, mientras que para aquellos con más de 2.000 habitantes y menos de 15.000 el plazo finaliza en el 2005.

Las autoridades españolas estiman que la aplicación de esta legislación puede costarle a nuestro país entre unoy dos billones de pesetas, si bien la mayor parte de los costes deberán soportarlos los propios usuarios, bien a través de impuestos o del recibo del agua.

No obstante, para el senador del PP, el cumplimiento de la normativa obligará a los pueblos a "realizar un esfuerzo técnico y económico muy importante".

España es el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a consumo de agua, sólo por detrás de Estados Unidos, Japón e Italia.