Aunque "no es la mejor ley", continuó Salom, su grupo la apoya tras contribuir a mejorarla y porque "no es una ley de izquierdas", sino "de todos".

Por su parte, Carles Campuzano, portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU, calificó la ley de "injusta" y denunció que su financiación no está garantizada y que será inaplicable en el 2007.

Campuzano cree que "se ha perdido una oportunidad" con la aprobación de esta ley y afirmó que la norma no es justa en términos sociales y que choca con el reparto competencial.

Emilio Olabarría, del PNV, afirmó que su grupo "se siente engañado", puesto que la nueva ley, "de carácter sectorial, no es disponible ni para el legislador, que no tiene título competencial para desarrollarla" y genera, por tanto "un derecho paranormal".

Por otro lado, continuó, "la ley no es buena", pues además de carecer de referencia constitucional, se hace mediante "una invasión masiva" de competencias autonómicas.Tampoco cumple,dijo, los requerimientos de "universalidad" y "no solucionará el problema" de sus beneficiarios.

Carme García, de Izquierda Unida, indicó que "quizás ésta no es la mejor ley ni el cuarto pilar del Estado del bienestar", si bien sí puede ser la "semilla" que lo hará germinar.

Joan Tardá, de Esquerra Repulicana, se congratuló de las mejoras adquiridas en el trámite parlamentario, tales como la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental dentro de los beneficiarios de la norma.

Por último, Luis Mardones, de Coalición Canaria, señaló que su grupo está "plenamente de acuerdo con el fondo de la ley", si bien verbalizó su "preocupación" por el aspecto de la financiación de la norma.