En el escrito redactado por la formación que lidera Mariano Rajoy, del que el PP difundió anoche un resumen, se argumenta que Garzón ha superado con creces el plazo de tres días establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que remita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las actuaciones iniciadas con motivo de la supuesta trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa.

A lo largo de 16 folios, el PP argumenta que el juez Garzón habría cometido un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir y, en consecuencia, para mantener el conocimiento de dicho asunto.

En este sentido, recuerda que el artículo 303 I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando se trate de delitos en que estén implicados aforados, los jueces de instrucción "en casos urgentes, pondrán las medidas de precaución necesarias para evitar su ocultación pero remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días, al tribunal competente".

El PP considera que "el señor Garzón sabe que carece de competencia objetiva para conocer en el presente caso, porque así lo ha reconocido incluso él mismo en su auto de 13 de febrero de 2009".

PETICIÓN DEL FISCAL

Asimismo, los populares subrayan "la existencia de un informe del Ministerio Fiscal del pasado miércoles día 18 de febrero, en el que se solicita al juez que se inhiba, al constar en las actuaciones elementos que incriminan a aforados".

"Sólo con una decisión consciente de suplantar la ley por la propia voluntad se puede justificar un mantenimiento de una competencia indebida", sentencia la querella.

Además, para los populares "hay dos datos que añaden elementos que refuerzan la creencia en un comportamiento doloso del querellado. Por un lado, su participación en una cena y posterior cacería de fin de semana con el ministro de Justicia de turno, el mismo día que se filtraba a los medios de comunicación la existencia de un proceso contra el Partido Popular".

Finalmente, alegan que "el querellado no haya permitido al Partido Popular personarse como acusador particular y tampoco haya resuelto sobre esa misma petición formulada por la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando hace más de diez días que se solicitó, y él mismo había dejado apuntada tal posibilidad".

El PP concluye que Garzón, "con su negativa a resolver, se asegura, por un lado, que no va a ser objeto de recusación y, por otro, que no se va a solicitar la inhibición de la causa por la vía de solicitárselo a su superior prevista en el art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que para ello se necesita ser parte".