En una rueda de prensa en la Cámara Baja, los diputados populares Alejandro Ballestero y Miguel Barrachina explicaron que esta iniciativa quiere salir al paso de la discriminación a la que, según el PP, somete el Gobierno a la AVT en el pago de ayudas.

La propuesta explica que, en España, se han constituido 24 asociaciones con el objetivo de atender a las víctimas del terrorismo y sus familiares, y "todas ellas cumplen una labor igualmente meritoria", entre ellas la AVT, que cumple 25 años de dedicación y agrupa a 3.050 victimas.

"La concesión de ayudas a las víctimas por parte del actual Gobierno ha sido cuestionada por vez primera por no atender a criterios objetivos", prosigue, "y el Ejecutivo debe extremar el celo en su asignación, que debe realizarse con criterios fundados".

Añade que la orden del Ministerio del Interior que establece las subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la atención a las víctimas del terrorismo "ha sido fuertemente contestada por no atender a criterios de representatividad".

A esto se añade que la orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se fijan las bases reguladoras y se convoca la concesión de las subvenciones "todavía no ha sido resuelta", por lo que las entidades de apoyo a las víctimas no han podido recibir ningún importe.

En esta situación, el PP ha registrado una iniciativa en la que pide que las sucesivas órdenes ministeriales del departamento que dirige Jesús Caldera se resuelvan en el primer semestre de acada ejercicio.

El PP quiere además que los criterios de valoración en la concesión de estas subvenciones reconozcan la utilidad pública, el número de miembros de la entidad y, "especialmente, el número de asociados que han sido reconocidos por el propio Ministerio del Interior como víctimas del terrorismo".