En un encuentro informativo en la sede del PP, Trillo explicó que la denuncia se basa en las "continuas violaciones del secreto sumarial, interceptaciones telefónicas contrarias a la ley y publicación de escuchas e informes policiales".

Considera el PP que todo ello constituye delito continuado de revelación de secretos, tipificado en los artículos 197 y 198 del Código Penal; violación de secretos del artículo 417, revelación de actuaciones secretas del artículo 466, e interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación, del 536.

Los hechos enumerados en la denuncia son siete informaciones, publicadas cinco de ellas por "El País" y otra por la Ser, ambos medios del Grupo Prisa, en lo que el PP ve como una demostración de que existe una unidad de acción y de objetivo por parte de quien filtró los datos.

Trillo precisó que no tienen base jurídica para señalar a un responsable de las filtraciones, por lo que no han podido interponer una querella, pero sí tienen datos para "hacer una aproximación" y apuntan a la policía judicial.

En concreto, a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), porque es la única que ha tenido actividad en todas las actuaciones relacionadas con el "caso Gürtel" y la autora de los informes en los que esos medios respaldan sus informaciones.

Trillo explicó que en muchos casos percibe un posible delito de revelación de secreto por la publicación de informes y de conversaciones telefónicas, y en algunos casos esas conversaciones pudieron captarse de modo ilegal.

Por ejemplo, subrayó que se ha publicado el contenido de varias conversaciones de Francisco Camps y Ricardo Costa, a pesar de que ambos son aforados y en el momento de ser grabados no habían sido llamados a declarar como imputados.

Por ello, reclaman que se requiera a la Audiencia Nacional y a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia la relación completa de escuchas telefónicas autorizadas, y las resoluciones que las sustentan.

Piden además que se tome declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; al comisario general jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Antonio González García; y al comisario de la Unidad de la UDEF José Luis Olivera.

Como muestra de las irregularidades en los procedimientos, Trillo explicó que fue Olivera quien telefoneó a Camps a su móvil para comunicarle el auto dictado por el juez Baltasar Garzón dirigiendo la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En la denuncia, el PP pide al juzgado que llame también a declarar a cuantos funcionarios de la Policía Judicial hayan participado en las intervenciones o escuchas telefónicas reseñadas en el relato de hechos.