Durante una reunión con la organización profesional Asaja –encabezada por su presidente nacional, Pedro Barato– para “contrastar” los problemas del sector agroalimentario español, Martín pidió al Ejecutivo revisar los criterios de la PAC para “establecer una tramitación de solicitudes simplificada y flexibilizar el cumplimiento de requisitos de prácticas agrícolas y ganaderas”.

“El balance de la nueva PAC (2023-27) es 500 millones de euros menos cada año, por lo que alcanzará para ese período los 3.500 millones de euros, a lo que hay que sumar las exigencias medioambientales y nuevas condicionalidades sociales”, señaló. “La negociación de la PAC del Partido Popular logró más dinero para el campo español cuando el presupuesto comunitario era menor”, apostilló.

En su opinión, el sector primario es imprescindible para asegurar el abastecimiento de alimentos y evitar la dependencia de terceros países. Asimismo, indicó aportación al PIB del sector agroalimentario ha hecho tradicionalmente que sea considerado una referencia en España y en su sector exterior, por lo que el campo “no merece el trato que está recibiendo por parte del Gobierno del PSOE”.

Martín señaló que los costes de producción y comercialización son superiores a los de otros países, “desequilibrando la balanza comercial con un crecimiento de importaciones el triple que las exportaciones en el último año”.

En lo referente a la ganadería, en la reunión se puso de manifiesto que el incremento de costes, fauna silvestre y sequía, junto con el desarrollo de nuevas enfermedades, ha reducido la cabaña ganadera en más de 3 millones de cabezas de ganado desde que Sánchez es presidente. “El Gobierno ha atacado a la ganadería por las emisiones de metano y ha demonizado el consumo de carne con un daño importante a su imagen”, lamentó.

REFORMAS NECESARIAS

La responsable de Desarrollo Sostenible expuso las medidas que propone el Partido Popular, que pasan por la aprobación de una ley de al apoyo al sistema alimentario como sector estratégico; la reforma del Perte Alimentario, “que tiene un presupuesto escaso y falseado”; y la reforma de la Ley de cadena alimentaria, que “ha generado aumento de importaciones de productos de otros países europeos para evitar la excesiva burocracia y es ineficaz”.

Por último, se refirió a la falta de inversiones en infraestructuras hidráulicas frente a la sequía, a la necesidad de hacer más eficientes los regadíos y a la reforma en profundidad de los seguros agrarios, para actualizar los rendimientos y ampliar las coberturas.