EL PP DENUNCIA LA INHIBICION DEL GOBIERNO DE LEGUINA EN LOS CONFLICTOS LABORALES DE LA CAM

MADRID
SERVIMEDIA

El Grupo Popular en la Asamblea de Marid denunció hoy, en un comunicado de prensa, la pasividad del Gobierno regional en los numerosos conflictos laborales que están teniendo lugar en el ámbito de la región madrileña, como es el caso de la huelga en el sector de limpieza de edificios públicos.

El parlamentario del PP Ignacio del Río declaró: "Difícilmente se van a poder ejercer, desde el Consejo de Gobierno de la CAM, futuras competencias en materia laboral, de manera eficaz, cuando voluntariamente se está inhibiendo ante los conflictos"

A su juicio, la Administración autonómica carece de la voluntad necesaria para crear cauces de diálogo y solicitar al Gobierno central la prestación de los servicios mínimos esenciales.

Del Río hizo un llamamiento a la racionalidad y al sentido de la responsabilidad de las autoridades regionales, "que no pueden seguir aisladas por mas tiempo de la realidad social", indicó.

La sucesión de conflictos, según el diputado popular, ha creado una sensación de que a una huelga en un servicio públic esencial sucede otra en otro servicio igualmente importante.

Este hecho requiere, en opinión de Del Río, la creación de cauces entre todas las administraciones, "para impedir que los ciudadanos sigan pagando las consecuencias de huelgas en las que no tienen ni arte ni parte".

Recordó que el Real Decreto Ley de 4 de marzo de 1977, que constituye la normativa reguladora de la huelga, tras 14 años sin que el Gobierno central haya presentado un proyecto legislativo que desarrolle el artículo 28.2 dela Constitución, relativo al derecho de huelga, establece instrumentos para que la autoridad gubernativa acuerde las medidas que aseguren el funcionamiento de los servicios esenciales.

Según Del Río, el conflicto entre los sindicatos y la patronal del sector de limpieza de edificios públicos provoca a los trabajadores y usuarios del aeropuerto de Barajas o el Metro de Madrid serios riesgos para la salud, sin que el Gobierno regional busque soluciones al conflicto.

"Cuando se obstaculizan derechoscívicos fundamentales, como lo son la salubridad y el transporte, existe una responsabilidad política para emprender acciones desde el Gobierno, decisiones que impidan que el ejercicio de un derecho constitucional como es la huelga derive en situaciones próximas a la ley de la jungla", concluyó.

(SERVIMEDIA)
04 Abr 1992
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