El documento, según explicaron a Servimedia fuentes que han participado en su elaboración, está pendiente de recibir el visto bueno del Comité de Dirección del PP vasco, con idea de que, si así se decide, sea transformado en una denuncia ante los tribunales.

En este sentido, el informe ha sido elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Relaciones Institucionales del PP vasco, que ha revisado la situación de los 250 municipios de esta comunidad autónoma y ha comprobado que en una parte de ellos Batasuna está actuando a través de una serie de plataformas electorales.

El resultado, según las fuentes consultadas, es que la ilegalización de la formación "abertzale" no ha servido en los últimos años para que el partido de Arnaldo Otegi desapareciera de los consistorios, ya que ha seguido actuando a través de plataformas afines que fueron anuladas en su momento.

PRUEBAS

Esto ha sucedido en lugares como los municipios alaveses de Llodio o Zuazo de Cuartango, donde alcaldes nacionalistas han permitido a las candidaturas "abertzales" anuladas participar en la vida municipal e intervenir en plenos o comisiones de los ayuntamientos.

A este respecto, la investigación del PP ha revelado que hay, incluso, algunos municipios gobernados por Batasuna en los que, a pesar de la celebración de elecciones en 2003, no se ha disuelto la corporación local y la izquierda "abertzale" sigue controlando la institución.

En esta línea, los populares vascos han recopilado durante el transcurso de la presente legislatura distintas pruebas, como actas de los plenos, fotografías y recortes de periódicos que prueban la participación ilegal de miembros de plataformas afines a Batasuna en los ayuntamientos.

El objetivo de este informe es que los tribunales revisen la situación de los municipios afectados y se obligue a cumplir la sentencia del Supremo que en 2003 decretó la ilegalización del partido de Otegi por su integración en la organización terrorista ETA.

El PP busca que, más allá del obligado cumplimiento de la ley, todos los ayuntamientos del País Vasco puedan concluir la legislatura en una situación de normalidad democrática y puedan concurrir a las elecciones municipales de 2007 con plenas garantías.