El portavoz del PP, Angel Mario Carreño, instó al Gobierno a que antes de que concluya 1991, desarrolle reglamentariamente la Ley 10/1990 del Deporte.

En España se puede decir que no existe una ley sobre el deporte, porque,según explicaron fuentes del PP consultadas por Servimedia, ya que la única legislación, aprobada hace más de un año, no tiene el desarrollo reglamentario que necesita para su aplicación práctica.

La ley de 1990 establecía en su desarrollo reglamentario 38 disposiciones y, sin embargo, ninguna de ellas se ha publicado todavía, salvo el Real Decreto sobre Sociedades Anónimas aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de julio.

El objetivo que persigue el Grupo Popular con la presentación de su propsición no de ley va más allá de las Olimpiadas del 92, porque, según explicaron los mismos portavoces del partido a esta agencia, ya es demasiado tarde para cambiar todo el sistema de preparación olímpica.

En cambio, el desarrollo legislativo de la ley sería fundamental para la apertura de fronteras, personas y capitales que progresará extraordinariamente en Europa a partir de enero de 1993.

Los responsables del PP consideraron que cuando se produzca esa libre circulación de profesionales en los istintos países europeos, los españoles nos encontraremos en desventaja, si las titulaciones técnicas deportivas no están amparadas dentro de la ley.

Además, recordaron que todos los países de la CE proceden a adecuar sus legislaciones sobre titulaciones deportivas a la directiva comunitaria, con el fin de proteger tanto sus titulaciones como a sus profesionales.

Si España no hace lo mismo, concluyeron los portavoces del PP, en 1993 "los deportistas europeos que se encuentren en paro, podrán veni a nuestro país, creando aquí el desempleo de profesionales deportivos del que ahora no sufrimos. Lo que no podemos hacer es perjudicar a los españoles por negligencia del Gobierno".

Aunque los encargados del Partido Popular presentaron esta proposición no de ley hace más de quince días, dijeron que aún no ha recibido una respuesta del Gobierno y que, incluso, se muestran pesimista ante la posibilidad de que el Ejecutivo lleve a cabo su propuesta antes de 1994.

De entre las disposiciones que debeía desarrollar la Ley, los populares resaltan la reglamentación de la coordinación de las actividades deportivas de las Universidades de ámbito estatal; el funcionamiento y composición de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, y los criterios para la fijación del capital mínimo de las sociedades anónimas deportivas.

Otras materias que deberían reglamentarse legalmente, en opinión del PP, son la notificación a la liga profesional correspondiente de la transmisión de acciones en una Socedad anónima deportiva; la homologación de licencias deportivas, y, asimismo, el control de las subvenciones que se asignen a las asociaciones y entidades deportivas.