En una respuesta parlamentaria al PP, el Ejecutivo afirma que no posee un inventario general de bines y derechos del Estado ni a 31 de diciembre de 1982, por no estar en esa fecha informatizado el inventario, ni a 31 de diciembre de 1991, porque está siendo objeto de un proceso de informatización.

Según la propuesta del PP, el informe sobre los bienes del Estado deberá ser valorado previamente por el Gobierno y posteriormente presentado en el Parlamento, para que sea la Cámara quien decida qué bienes y empresas deben ser privatizadas y qué destino van a tener.

Con ello, según el principal parido de la oposición, se acabaría "de una vez por todas con el dudoso juego en la venta de bienes del Estado, con el oscurantismo y con la falta de transparencia".

El portavoz popular de Industria, Blas Camacho, señaló que esta petición está basada en la última decisión tomada en el Consejo de Ministros de llevar a todas las empresas del Instituto Nacional de Industria a una sociedad anónima, para que sean privatizadas por un consejo de administración sin control del Gobierno ni del Parlamento.

"Cn la política industrial que viene manteniendo el Gobierno en materia de privatizaciones no es de extrañar que España, a corto plazo, se quede sin un bien, sin un inmueble y sin una acción en las empresas públicas, con el agravante de que tampoco se sepa adónde se están yendo estos bienes que son de todos los españoles", concluyó el diputado popular.