Según el escrito presentado por los populares, "estas graves acusaciones calumniosas no ocultan la verdadera intención política de la vicepresidenta", que no es otra que aprovecharse de la última rueda de prensa en campaña electoral para lanzar "un mensaje falso", que se basa en el argumento de que Madrid incumple la ley y engaña a los padres y a todos los ciudadanos.

"Y estas graves acusaciones -prosigue el escrito- adquieren una mayor relevancia cuando se hacen desde el Consejo de Ministros y en una materia tan sensible como es la formación educativa de nuestros hijos".

La Comunidad de Madrid reitera que la decisión adoptada por el gobierno regional de permitir la objeción de conciencia a los padres que así lo deseen en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, se basa en la disparidad de criterios judiciales que existen en relación al cumplimiento de la norma que ha dado lugar a que varios tribunales, como el de Andalucía, hayan aceptado el recurso interpuesto contra la obligatoriedad de cursar esta asignatura.

Hasta que el Tribunal Supremo no tome una decisión definitiva, la postura de la Comunidad persigue facilitar todos los medios materiales y humanos a los padres que quieran que sus hijos no estudien esta asignatura, para que elijan así la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según señaló en una nota el Gobierno regional de Madrid.

La vicepresidenta y portavoz del gobierno de la Nación aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "para arremeter contra la Comunidad de Madrid excediéndose de la legítima crítica política" y acusar directamente al "gobierno de la derecha de Madrid" de incumplir la ley y de manipulación política, concluye la nota de la Comunidad.