Según informó el propio Partido Popular, esta norma vulnera, entre otros, el artículo 3 de la Constitución que consagra el castellano como lengua oficial del Estado, atribuye a la Administración la potestad de cerrar temporal o definitivamente un medio y vulnera las competencias exclusivas del Estado en materia de telecomunicaciones.

El PP argumenta que, con la excusa de crear un pretendido "espacio de comunicación audiovisual" catalán, se "invaden espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil" tanto catalana como española.

Entiende que el legislador territorial asume jurisdicción sobre todo tipo de actividades, otorgando poderes "desproporcionados" al Gobierno y al Consejo Audiovisual, invadiendo funciones del Estado y asumiendo la capacidad de definir conceptos como veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundalementales.

Según los populares la violación de los preceptos constitucionales se agrupa en tres bloques: el primero atenta contra los derechos fundamentales, el segundo va contrael régimen lingüístico establecido en el artículo 3 de la Carta Magna y el tercero se refiere al régimen competencial.

En el primer caso, los populares denuncian que la Generalitat pretende "configurar y moralizar" los contenidos audiovisuales "haste extremos incompatibles con la libertad de información y con las libertades de opinión y expresión".

El PP se manifiesta contrario a que sea el Consejo Audiovisual de Cataluña el que pueda decidir sobre la veracidad de los contenidosy sobre la suspensión, no renovación o cese definitivo de la prestación de servicios, una tarea que debe corresponder a los jueces.

Estos elementos atentan contra los derechos fundamentales de libertad de expresión e información y la posibilidad de clausurar un medio comporta "el sacrificio de la libertad de comunicación". "Por primera vez, una Administración se arroga la potestad de cierre definitivo o temporal de una emisora por cuestiones que afectan al contenido esecial de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información", resume el PP en su escrito.

Además, los populares entienden que se pretende un "arrinconamiento progresivo de la lengua castellana para otorgar un desmedido protagonismo a la lengua catalana y aranesa más allá de todo límite razonable".