El Grupo Popular Europeo fue el único en oponerse a la redacción de este documento durante una reunión de la Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos del Parlamento Europeo, equivalente a la Junta de Portavoces del Congreso y el Senado.

El PP denunció que el informe, que tendrá como ponente a la eurodiputado de Los Verdes Margarete Auken, está sustentado en la idea de que España ha podido violar "los derechos de los ciudadanos a la propiedad legítimamente adquirida, establecido en la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo seis del Tratado de la Unión Europea".

Además, subraya que se debe estudiar hasta qué punto "las autoridades locales en España están actuando conforme a las normas de contratación pública cuando proceden con muchos proyectos urbanísticos de gran escala" y alega que muchos de éstos tendrían efectos sobre el medio ambiente, por lo que habría que examinar si "su efecto acumulativo sería conforme con la normativa comunitaria".

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, manifestó que la redacción del informe en esos términos "no tiene el más mínimo fundamento porque presume una situación de inseguridad jurídica en el urbanismo español".

"Supone una pésima noticia para un sector que atraviesa una enorme crisis porque va a retraer aún más la llegada de inversores extranjeros e implica un riesgo cierto de aumento del paro", explicó.

Galeote subrayó la "irresponsabilidad de los eurodiputados socialistas españoles que sistemáticamente han traído a debate en el Parlamento Europeo en esta legislatura asuntos internos españoles, lo que ha provocado la criminalización de un sector que ha sido clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en España en los últimos años".