Moneo recalcó asimismo que hacer compatible trabajar y ser madre y proteger a las mujeres que denuncien los malos tratos centrarán las prioridades del PP.

En un desayuno de trabajo, en el que también participó María Jesús Sáinz, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, Moneo hizo análisis de las diferentes políticas en favor de las mujeres pestas en marcha por el PP en estos años de Gobierno.

De los logros conseguidos destacó la incorporación de la mujer al mercado laboral. Según dijo, la tasa de paro se ha reducido a la mitad desde 1996. En el primer trimestre de ese año la tasa de ocupación femenina era del 25,6 por ciento, mientras que en el cuarto trimestre de 2002 se situó en el 34,90%. "Desde que gobierna el PP hay 1.849.500 mujeres ocupadas más en nuestro país", aseveró.

También hizo hincapié en los planes de lucha contra la iolencia doméstica impulsados por los populares, así como las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

ORDEN DE PROTECCION

Estas dos materias, la violencia doméstica y la conciliación, copan muchas de las propuestas del PP para los próximos años. Referido a la violencia doméstica lo más inmediato es la puesta en marcha de la orden de protección de la víctima, una medida que esperan estará en marcha a finales de abril.

Dicha orden de protección, según explicó Sáinz, será aprobada e 8 de abril en la Comisión de Política Social y Empleo, y llegará al pleno después de Semana Santa. Supondrá la puesta en marcha de toda una serie de mecanismos de protección a la víctima que se activarán de forma inmediata una vez que la mujer denuncie una agresión.

La orden activará un acción de tutela de la víctima "integral" con medidas judiciales, civiles, sociales y económicas, entre las que destaca la creación de un Fondo de Alimentos sufragado a partes iguales por el Estado y las comunidades atónomas para el caso de impago de pensiones, y la posibilidad de acceso a un programa de renta de inserción activa durante 10 meses para las mujeres maltratadas que no tengan recursos económicos.

"Se busca", recalcó Sáinz, "que sea un proceso ágil, sencillo y gratuito" para que la protección de la mujer víctima de malos tratos pueda estar garantizada. Para establecer dicha orden de protección, añadió, será necesario modificar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal e incluso el Código Civil "Estamos viendo cómo se articula y el deseo es que a finales de abril sea una realidad".

En favor de la conciliación de la vida familiar y laboral el IV Plan de Igualdad de Oportunidades también recoge una serie de actuaciones en las que se enmarca el compromiso de suprimir el requisito de acreditar un periodo mínimo de cotización para generar el derecho a la prestación por maternidad durante el periodo obligatorio de descanso para la madre (seis semanas).

Asimismo, el PP estudiará en el ámbito e la Seguridad Social la posibilidad de que a las mujeres trabajadoras se les reconozca como periodo de cotización efectiva al menos un año por cada hijo. Igualmente se estudiará la misma consideración para el segundo año de excedencia por cuidado de hijos.

APOYO A LA FAMILIA

El programa del PP señala la necesidad de seguir avanzando en nuevas propuestas para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en condiciones de igualdad. Entre ellas destacan la necesidad de facilitar medios y apoy económico a las familias.

En esta materia el compromiso es que las comunidades en las que gobierne el PP establecerá beneficios fiscales por el cuidado de hijos menores de 3 años de edad; por familia numerosa; por acogimiento y cuidado de personas dependientes, y por partos múltiples.

Asimismo, será labor de las comunidades autónomas en colaboración con los municipios promover, entre otras cuestiones, beneficios en el uso del transporte público para las familias numerosas, así como llegar a acuedos con compañías suministradores de agua, gas y electricidad para aplicar tarifas especiales.

Otra novedad será la creación de una Tenencia de Alcaldía dedicada a la coordinación de los servicios de atención a la familia en todos los municipios de más de 20.000 habitantes.