La sentencia estima que son inconstitucionales aquellos preceptos que tratan directamente de la ordenación del litoral e invaden las competencias de las Administraciones autonómicas.

Para el PP, "es de desear que con arreglo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios queden claramente delimitadas en relación con las del Gobierno.

En opinión de los dirigentes populares, esta delimitación de responsabilidades "puede repercutir en una adecuada ordenación de la zona costera y de los aspectos turísticos que ella comporta, en beneficio de la economía nacional".

La Ley de Costas había sido recurrida por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados y las comunidades autónomas de Galicia, Baleares, País Vasco, Cataluña, Cantabria, Canarias y Valencia.

La formación política liderada por José María Aznar consiera que el fallo del Tribunal Constitucional convierte a esta norma en protectora de las competencias de autonomías y ayuntamientos en materia de urbanismo y ordenación del litoral, "que el Gobierno socialista", agregan, "pretendió invadir".

El PP vaticina que, "al igual que ocurriera con la LOAPA", el Gobierno deberá modificar la Ley de Costas, "para ajustarse a esta sentencia".