Así lo explicó hoy a Servimedia el portavoz del PP en materia de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Pablo Matos, tras conocerse la intención del Ejecutivo de aprobar en próximas fechas la creación de la citada sociedad pública para alquilar pisos a precios inferiores a los del mercado.

Matos manifestó su sorpresa por el anuncio del Gobierno, ya que, tras las reuniones que los populares han mantenido con representantes del departamento ministerial que dirige María Antonia Trujillo, "esperábamos que la ministra desistiera de su intención, o por lo menos que recapacitara y reflexionara".

El portavoz popular tildó de "disparate" e "injerencia" la decisión de crear la sociedad pública porque ya existen agencias de este tipo en muchas comunidades autónomas, lo que dificultará la implantación de un organismo de similares carácterísticas con competencia estatal.

Por ello, dudó de la eficacia de la iniciativa al vaticinar que "ninguna comunidad autónoma que tenga una agencia del alquiler regional o municipal va a permitir que el Estado cree otra para hacerle competencia, ni siquiera en aquellas zonas donde gobierna el PSOE".

No obstante, Matos quiso aportar una solución al problema competencial que se avecina y ofreció a Trujillo su apoyo para destinar los seis millones presupuestados para la sociedad estatal a la creación de agencias en las regiones donde no exista ninguna propuesta de este tipo, así como a complementar los ingresos de las ya existentes.

"Es increíble que después del proceso de descentralización que ha experimentado España en los últimos años, a través del reparto de poder a las distintas comunidades autónomas para acercarlo a los ciudadanos, Trujillo quiera ahora que el Estado aglutine las competencias en materia de vivienda de suelo", concluyó el portavoz popular.

SOCIEDAD PUBLICA

La Sociedad Pública del Alquiler, que arrendará directamente inmuebles privados, tomará la forma jurídica de empresa pública.

Su intención es hacerse con un mínimo de 25.000 viviendas en cuatro años para ponerlas en el mercado de alquiler a un precio más bajo de lo que se arrenden en ese momento con el objetivo de atraer a jóvenes o familias que opten por esta vía frente a la compra.

El Gobierno pretende que cualquier propietario de una casa vacía pueda cederla durante un periodo de tiempo, de cinco años como máximo, a la sociedad pública del alquiler y ésta le garantizará el cobro de la mensualidad y que el inmueble no sufre desperfectos.