Esta es la conclusión de un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), de la Secretaría de Estado de Hacienda, y realizado por los profesores de la Universidad Complutense Jorge Onrubia Fernández, Jesús Ruiz Huerta y Nuria Badenes, y por el profesor de la Universidad de Zaragoza Julio López Laboda.

El estudio, titulado "Impacto distributivo de la utilización del IRPF como instrumento de financiación autonómica", estima cómo repercutirá en la distribución de la renta de los españoles la decisión de desgajar un 15 por ciento de la tarifa estatal del IRPF en favor de las autonomías.

El análisis se centra en ese 15 por ciento, ya que, según explican los autores, el otro 15 por cien es sólo cesión de la recaudación (tal como establecía el antiguo sistema), y el propósito del estudio es verifcar las consecuencias del uso del IRPF como impuesto autonómico.

Los autores del análisis han realizado diversas simulaciones, tomando como base una muestra de las 277.000 declaraciones del Panel de Declarantes del IRPF de que dispone el Instituto de Estudios Fiscales.

Con ellas han comparado el efecto en la distribución de la renta de las alternativas viables para descentralizar el IRPF entre las autonomías, incluyendo la que ha sido elegida, la reducción del gravamen en proporción a la cuota líuida.

Las otras dos alternativas posibles eran que el Estado redujese la cuota en proporción a su base imponible en un 15 por ciento y pasar el equivalente en recaudación a las autonomías, o reducir la cuota del IRPF central en proporción a la renta del contribuyente después de pagar el impuesto.

La conclusión del estudio es que esta última opción es la que mejor garantiza la igualdad, mientras que la opción elegida "es la alternativa menos aconsejable desde el punto de vista del bienestar socialglobal y de la desigualdad, ya que empeora la distribución de la renta, para cada comunidad y para el conjunto".

En su opinión, paliar o no ese aumento de la desigualdad "dependerá de las decisiones que tome cada comunidad autónoma sobre la estructura de su tarifa autonómica y sobre su propio sistema de deducciones".

El sistema aprobado por el Gobierno, que estará en vigor desde 1997 al 2001, da capacidad normativa a las autonomías sobre un tramo del 15 por ciento del IRPF y las faculta para fija deducciones familiares, por gastos de enfermedad, inversiones no empresariales y trabajo dependiente.

Los autores del estudio argumentan que para mejorar la distribución de la renta habría sido preferible que la reducción de la tribución central se realizara en proporción a la renta de cada contribuyente después del IRPF, ya que de esa manera cualquier tarifa autonómica progresiva permitiría mejorar la distribución de la renta anterior a la descentralización.

El informe llega a estas conclusione realizando simulaciones sobre la aplicación de los impuestos sobre las declaraciones reales del IRPF de que dispone el Instituto de Estudios Fiscales y utilizando índices de desigualdad generalmente utilizados en el campo académico.

En la presentación de su análisis, los autores señalan que "el estudio teórico de los efectos distributivos de las políticas públicas no debe entenderse como un mero ejercicio teórico. Por el contrario, cada vez resulta más necesario que los representantes públicos conozcn con precisión el impacto previsible de sus decisiones, y quiénes y en qué medida van a ser ganadores y perdedores, a fin de evaluar la aceptación social de la acción pública que se pretende emprender".

"Por tal motivo", añaden, "en muchos paises los estudios de impacto distributivo de las políticas públicas constituyen una demanda de los ciudadanos y de los mismos políticos, crecientemente satisfecha".