Durante la comparecencia del secretario de Estado deTurismo y Comercio, Pedro Mejía, quien también preside la JIMMDU, la diputada del PP Asunción Oltra manifestó que la venta de estas estos barcos y aviones va en contra de algunos puntos de ese código de conducta europeo y está ayudando al "rearme" de un país que también ha comprado 100.000 fusiles a Rusia y más aviones militares a Brasil.

Con todo esto, aseguró Oltra, se está "fomentando el desequilibrio" en una zona amenazada de conflicto entre Venezuela y Colombia. Aunque se mostró convencida de que la Junta autorizará al final la venta, también consideró que algunos de sus miembros tendrán muchas dudas a la hora de valorarlo.

De la misma opinión fue Carles Campuzano, de CiU, para quien la operación "incumple el código" en varios puntos, sobre todo en lo referente a que va en contra del mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales, y en cuanto a que las armas podrían ser utilizadas contra la población civil dentro de la propia Venezuela.

Campuzano acusó al Gobierno de haber actuado en este asunto con una "imprudencia clamorosa" y ha incurrido en una "irresponsabilidad" al "aplicar de forma laxa" el código de conducta de la UE, por lo que mostró su esperanza en que la JIMMDU aplique estrictamente ese código a la hora de tomar su decisión final.

El secretario de Estado explicó que la Junta de Comercio Exterior de Defensa aún no ha recibido ninguna solicitud respecto de los contratos acordados entre los gobiernos de España y Venezuela, pero aseguró que, en cualquier caso, "aplicaremos estrictamente" la legislación.

Mejía ya adelantó una valoración, indicando que las ocho patrulleras que se van a vender tienen como "fundamento básico la protección de las aguas" territoriales venezolanas y que los aviones son militares, pero de transporte y de patrulla marítima.

El representante del Gobierno resaltó también que el propio presidente colombiano, Alvaro Uribe, ha valorado positivamente la operación entre España y Venezuela y, dirigiéndose al PP, manifestó que este tipo de contratos es mejor hacerlos "públicamente y no con opacidad", como, según sugirió, hacía el anterior Ejecutivo.