El origen del tira y afloja que mantuvieron los populares y los nacionalistas catalanes fue la presentación por parte de los socialistas de una moción en la que solicitaban al jecutivo que abriera un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores del sector público, con el fin de discutir los salarios para el año próximo.

La moción del Grupo Socialista fue objeto de una enmienda parcial de CiU, que instaba al Gobierno a que, "de manera inmediata", convocara al Consejo Superior de la Función Pública con el objetivo de abrir negociaciones en la correspondiente mesa sectorial en relación con las condiciones retributivas y la oferta de empleo para 1997.

a enmienda de CiU habría sido apoyada previsiblemente por los socialistas y la suma de los votos de los dos grupos habría supuesto la primera derrota política de los populares en el Congreso y la consiguiente imagen de ruptura entre el PP y sus aliados nacionalistas.

Finalmente, y tras intensas negociaciones mantenidas a lo largo de la tarde por el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy; el portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, y el portavoz de CiU, Joaquim Molins, se cerró un acurdo que se concretó en una enmienda transaccional del PP a la de CiU, en la que quedaba claro que no era renegociable la congelación salarial decidida por el Ejecutivo.

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El Grupo Socialista tenía dos opciones: aceptar el texto "dulcificado" acordado por populares y convergentes o que se sometiera a votación su propuesta inicial. Al final, el pleno del Congreso rechazó la moción socialista por 160 votos en contra frente a 148 afirmativos.

El debate concluyó con un enfrentamientodialéctico entre el vicepresidente primero de la Mesa, Enrique Fernández-Miranda, que en ese momento presidía la sesión, y el secretario general del Grupo Socialista, Jesús Caldera, quienes discreparon sobre distintos aspectos reglamentarios.

En medios políticos se interpretó la estrategia seguida por CiU durante el debate como un toque de atención al Gobierno para que sea consciente de que depende de sus votos para sacar adelante las iniciativas legislativas.

Esta advertencia de los nacionalista catalanes podría enmarcarse en el malestar que les ha causado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para la revisión del concierto económico vasco.