En la reunión de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, los portavoces del PP, José Ignacio Echániz, y de CIU, Carles Campuzano, aconsejaron a la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, que no se utilice parte de los más de 7.000 millones de euros de superávit de la Seguridad Social en 2004 para la financiación inicial de este proyecto.

Echániz denunció la "opacidad" del Gobierno sobre la financiación del futuro plan y señaló que espera que el Ejecutivo "no esté pensando en tocar el fondo de reserva de las pensiones, ya que eso serían palabras mayores".

Por su parte, el portavoz de CiU en la comisión destacó que el futuro plan sobre dependencia debe tener garantizada su sostenibilidad en el futuro, lo que, en su opinión, no se conseguiría si ésta dependiera del superávit de la Seguridad Social.

En este sentido, Valcarce afirmó que el sistema de financiación del plan recogerá aportaciones tanto de los gobiernos autonómicos como de los locales, así como la participación del sector privado.

Además, la secretaria de Estado destacó que la cofinanciación entre los diferentes actores es "imprescindible" para la sostenibilidad del sistema, pero añadió que esta fórmula debe ser "equilibrada y justa".

VIDA ACTIVA

Por otro lado, Valcarce anunció que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, "se ha comprometido a que en la futura denominación de la norma se vean reflejadas las posturas de algunas asociaciones", como la del Foro de Vida Independiente, que este verano reclamó que el plan no hablara de dependencia sino de "apoyo a la vida activa".

Sin embargo, la secretaria de Estado matizó que el nombre de la futura ley mantendrá el término dependencia, ya que es al que se han referido los textos tratados hasta el momento y porque también se utiliza a nivel comunitario.

Por su parte, el portavoz del PP denunció que el Libro Blanco sobre la Dependencia "no es más que un compendio" de antiguos estudios, y no una propuesta de ley. Ante esta reclamación, Valcarce aconsejó a Echániz que "calme su ansiedad", ya que "el proyecto es para toda una legislatura".

El representante de CiU mantuvo una postura contraria a la del PP en este asunto, ya que aseguró que el Libro Blanco es "un buen punto de partida", pues recoge los puntos principales sobre los que debe construirse el futuro sistema.

El portavoz de PNV, Pedro Aizpiazu, reclamó que el futuro sistema respete las competencias de cada comunidad autónoma y los diferentes acuerdos de financiación que cada región tiene con el Gobierno central.

Valcarce le aseguró que la futura ley que regule el plan tendrá un "total respeto" a las diferentes competencias de cada comunidad.

La portavoz de IU-ICV en la comisión, Carme García Suárez, exigió al Gobierno que "escuche a la pluralidad" de las opiniones en las organizaciones sociales, incluidos sindicatos y patronal.

También participó en la reunión la representante del Grupo Mixto, Olaia Fernández Dávila (BNG), quien sugirió al Ejecutivo que, dentro de la pluralidad defendida por IU, también dialogue con las "diferentes asociaciones de dependencia".

La secretaria de Estado destacó la voluntad de diálogo del Ejecutivo y agradeció la labor de múltiples asociaciones, entre ellas el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con el que se reunió ayer, en la elaboración de este Libro Blanco.