Según el diputado popular, su partido presentará un total de 54 enmiendas a la política ributaria diseñada por el Gobierno para 1993, en las que figura el compromiso de reducir paulatinamente la tarifa del Impuesto de la Renta hasta dejarla en el tipo medio del 35 por cien.

Esta medida, explicó García Margallo, se aplicaría de forma gradual según aumenten los recursos del Estado mediante la venta de empresas públicas y la reducción de gastos en el conjunto de todas las administraciones a base de suprimir organismos que el PP considera inncesarios y el número de altos cargos hasta dejarlo en unos 1.950.

También rechazó la acusación gubernamental de que su propuesta fiscal beneficia sólo a los más ricos, y dijo que con la revisión de la tarifa de la Renta propuesta por el PP, "me juego una cena con Zabalza a que todos los contribuyentes pagarán menos impuestos de los que pagan ahora con el Gobieno socialista".

Junto a esta medida, el Grupo Popular solicitará el apoyo de la Cámara para reducir inmediatamente la tarifa del IRPF al nivel de 1991, con una deflactación del 5 por cien, o que no tedría, según el diputado, ningún coste para las arcas del Estado, ya que los 350.000 millones de pesetas que Hacienda dejaría de ingresar por este motivo, se recuperarían con el aumento del IVA del 13 al 15 por cien y el aumento de los Impuestos Especiales.

Otra propuesta que el PP considera fundamental para recuperar la eficacia del sistema fiscal español es la creación del Estatuto del Contribuyente en el primer trimestre del año que viene, cuya finalidad sería garantizar la igualdad de trto a las dos partes que intervienen en el proceso, el ciudadano y la Administración.

A su juicio, sin "la confianza mútua entre hacienda y la gente no es posible hacer que los ciudadanos cumplan con su obligación de pagar impuestos, pero esto exige que la ley trate por igual a todos".

García Margallo citó como ejemplo de la discriminación que, a su juicio, existe actualmente, el hecho de que Hacienda dispone de un plazo de cinco años para reclamar el pago de impuestos no abonados en su momento, mentras que un ciudadano sólo tiene 15 días para exigir que le devualvan lo que le corresponde en caso de equivocación.

No obstante, señaló que la política de gasto público es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos por el PP, y rechazó el criterio que, según los populares, sigue ahora el Ejecutivo, de "calcular primero lo que se van a gastar y luego fijar el aumento de la presión fiscal necesario para atender esas necesidades".

TRABAJAR PARA HACIENDA

Este planteamiento, señaló GarcíaMargallo, ha llevado a que en España haya crecido la presión fiscal en los últimos diez años más que en el resto de los países de la CE, hasta el punto de que "se trabaja para pagar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social hasta el 5 de mayo, y esto genera desilusión".

Señaló que la doble imposición que pesa actualmente sobre determinadas actividades económicas, "representa un motivo claro de elusión fiscal, que consiste en realizar operaciones fuera de España para que no tengan que someterse a a fuerte carga impostiva".

Esto, añadió el portavoz popular, se hace legalmente pero sus efectos son tan nocivos como el fraude, porque es dinero que el Fisco deja de ingresar en sus arcas.