El texto recibió luz verde con 505 votos a favor, 92 en contra y 44 abstenciones. La directiva, acordada con el Consejo en junio pasado, persigue mejorar las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de trabajadores de la Unión Europea, así como promover avances económicos y sociales.

Por su parte, la eurodiputada del Partido Popular, Rosa Estaràs, celebró que la norma supone un avance de los derechos de los trabajadores europeos “y respeta, al mismo tiempo, el principio de subsidiariedad, es decir, las competencias de los países miembros”. También obliga a promover la negociación colectiva y a alcanzar una cobertura del 80%, una cuestión que defendió el PP en su tramitación.

CRITERIOS NACIONALES

En cuanto al nivel de los salarios mínimos, los Estados miembros seguirán siendo competentes para fijar el tipo de salario mínimo legal en función de criterios nacionales. La directiva sí establece unos criterios básicos y comunes para calcular cuál debería ser el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) adecuado para cada país.

Desde el PP destacaron que la nueva directiva aconseja a los gobiernos establecer una cesta de bienes y servicios a precios reales para determinar cuál es el coste de vida y cuál sería el salario mínimo necesario para tener un nivel de vida digno. Además, se insta a tener en cuenta necesidades básicas como alimentos, ropa o vivienda, pero también la participación en actividades educativas o sociales.

GRANDES DIFERENCIAS

Los salarios mínimos en el seno de la Unión Europea difieren mucho en cuanto a su cuantía y a la forma de fijarlos. En julio de 2020, los salarios mínimos en los Estados miembros de la UE oscilaban entre los 312 euros en Bulgaria y los 2.142 euros al mes en Luxemburgo. Mientras tanto, Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no cuentan con SMI.

La eurodiputada popular, Rosa Estaràs subrayó que “las diferencias entre los salarios mínimos de los distintos países de la UE son excesivas” y añadió que es preciso “trabajar para que todos los europeos, vivan donde vivan, reciban un salario digno y justo”. Y añadió que “con esta visión, y con la de respetar la autonomía de los estados, hemos negociado este texto tan importante para seguir mejorando nuestro estado de bienestar”.

Los gobiernos tienen ahora dos años para trasponer la directiva a su legislación nacional. Los países estarán obligados a establecer un sistema para asegurar el cumplimiento de la directiva y frenar la subcontratación abusiva, los falsos autónomos, las horas extra no declaradas o el aumento de la intensidad del trabajo.