Los populares basan su proposició en el informe definitivo del Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio de 1990, en el que se critica la elección, por parte del Ejecutivo castellano- manchego, de los sistemas de contratación de obras y su no publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el presidente del PP en Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, "aunque no exista la palabra irregularidad, en el informe del tribunal sí se habla de infracciones y omisiones en las contrataciones de obras".

Según los populars, el Tribunal de Cuentas ha denunciado en su informe definitivo un total de 534 infracciones a varios artículos de la Ley de Contratos del Estado, sobre todo en los artículos referidos a los retrasos en los plazos de contratación y en la falta de justificación del sistema de concurso.

El presidente del PP también ha anunciado que su grupo parlamentario solicitará la creación de una comisión de investigación que aclare estas contrataciones, así como la comparecencia del presidente del Gobierno autonómco, José Bono, ante las Cortes regionales para que se pronuncie sobre el tema.