Según Molina, esta cifra se desprende del informe del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidad general de la comunidad autónoma en 1990, que fiscalizó 89 contratos de obras de carreteras y viviendas "que vulnera la ley de contratos del Estado".

El dirigente del PP citó entre las anomalías detectadas por el Tribunal cuyo informe dice que tienen en su poder los populares, "la adjudicación sin crédito presupuestario y la falta de publicidad en el BOE de la licitación o adjudicación de los contratos fiscalizados, así como el doble pago de un mismo proyecto".

Ante estas circunstancias, Molina pidió el cese del actual consejero de Economía y Hacienda, Gregorio Sanz Aguado, como máximo responsable en 1990 de la Consejerñía de Política Territorial.

Según Molina, "20.000 millones de pesetas en irregularidades cometdas es suficientemente importante para depurar responsabilidades, salvo que en este trapicheo, el presidente de la comunidad autónoma (el socialista José Bono) tenga algo que ver". "Si conoce este informe" añadió el dirigente del PP, "y en lugar de cesarlo, lo mantiene en el cargo, algo tendrá que ver José Bono".

Por su parte, el Gobierno de Castilla- La Mancha, a través de un comunicado hecho público esta tarde, ha insistido en que "no tiene conocimiento oficial del informe definitivo del Tribunal deCuentas de 1990", y manifestó su sorpresa por las manifestaciones del PP.

"El Ejecutivo insiste en que del informe inicial", continúa diciendo el comunicado "sobre el cual se realizaron múltiples alegaciones, no se desprenden las sombras de duda que se han querido observar sino que fueron criterios de interpretación aplicables a la gestión administrativa".