Según Pillado, el Defensor del Pueblo, en su actividad de inspección de la Administracón pública, "se atreve con los funcionarios de tercera", pero no utiliza todas las competencias que tiene atribuidas para actuar contra funcionarios de más alta categoría, como los ministros.

Por su parte, Alvaro Gil-Robles, que ayer presentó en el Senado el mismo informe, pidió en el Congreso que se modifique la Ley de Expropiación Forzosa y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, y subrayó las dificultades que sus colaboradores han tenido para investigar los supuestos malos tratos de que han sido vctimas algunos ciudadanos por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, a los que no se ha podido suspender cautelarmente, aun existiendo pruebas evidentes.

Gil-Robles agregó que se han detectado un gran número de quejas en materia urbanística procedentes de pequeños municipios, a las que los ayuntamientos responden que no disponen de medios para resolverlas, por lo que la Oficina del Defensor ha iniciado una investigación.

CRITICAS DEL PP

El diputado del PP Antonio Pillado criticó la getión de Gil-Robles y recordó que actuó contra el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano (del PP), por unas declaraciones que hizo, mientras que pactó con el ministro del Interior no recurrir la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Tribunal Constitucional.

Pillado recordó que la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece que esta institución, órgano dependiente de las Cortes, puede surpervisar toda la actividad de la Administración y que todos los poderes públicos están obligados a auxilia con carácter preferente y urgente al Defensor.

A juicio del diputado del PP, el Defensor del Pueblo, cuyo informe de este año no difiere de los anteriores, se ha convertido en "un cualificado buzón para quejas y sugerencias", ya que opera sobre los efectos y defectos de los temas que plantean las quejas, pero no denuncia las causas.

CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES

La diputada de Izquierda Unida (IU) Cristina Almedia solicitó la modificación de la Ley Orgánica del Defensor y subrayó la necesidad deque las recomendaciones que hace esta institución a la Administración "sean de obligado cumplimiento".

Según Almedia, "el Defensor no debe ser un objeto de decoración, sino un reproche para la Administración", por lo que debe exigirla que cumpla sus recomendaciones.

Almeida también se refirió a la ignoracia que tienen los ciudadanos de la función de esta institución, "que se ha convertido casi en una oficina de información", ya que el 33% de las quejas se han solucionado telefónicamente.

Porsu parte, el diputado del PSOE José María Mohedano elogió la función desempeñada por Gil-Robles, que finalizará el próximo año su mandato, y acusó al PP de "utilizar el informe como arma política", lo que contribuye a desnaturalizar la función del Defensor del Pueblo.

Según Mohedano, el Defensor del Pueblo es una especie de "magistratura de la persuasión", que dispone de una gran autonomía respecto a la Administración y al Parlamento.