En una nota de prensa, el parlamentario del PP Carlos Urquijo destacó que el tribunal, con esta sentencia, corrobora la tesis del PP de que el Gobierno vasco "se excedió y actuó con prepotencia". Urquijo puso de relieve que el fallo judicial sostiene que la Dirección de Deportes del Gobierno vasco "vulneró" derechos básicos como el de no declarar contra uno mismo y el de la asistencia de un abogado.

El parlamentario popular cree que la sentencia es un "duro varapalo" para el Gobierno vasco, "tan exigente en las garantías de quienes declaran ante la justicia, pero incapaz después de aplicarse el cuento y actuar conforme a la ley en procedimientos sencillos como es el del control antidopaje en competiciones deportivas, donde se salta las mínimas garantías".

Ante esta situación, Urquijo ha registrado una pregunta dirigida a la consejera Miren Azkarate para que dé cuenta de las consecuencias que se derivan de la citada sentencia.

En concreto, pregunta por las "consecuencias económicas y deportivas tanto para el Gobierno vasco como para los deportistas sancionados" y si la resolución judicial "obliga a modificar los procedimientos de actuación del personal de la Dirección de Deportes del Gobierno vasco en relación con las garantías a facilitar a quienes se someten a controles antidopaje".

En caso de que la sentencia obligue a ello, el parlamentario del PP pregunta por el "protocolo a seguir a partir de este momento", si cabe recurso contra el fallo judicial y, de ser así, si piensa interponerlo el Ejecutivo autonómico.