Se trata del caso de María Laura Giorgio, contratada por el Gobierno que preside Jaume Matas como jefa de gabinete de la consejera de Inmigración, Encarnación Pastor, que, según la Delegación del Gobierno, no puede desempeñar esta función debido a que sólo dispone de permiso de trabajo para el sector de la restauración.

El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, defendió hoy, una vez más, la resolución de Inspección de Trabajo que concluyó con una sanción de 6.001 euros al Gobierno balear por la contratación irregular de Giorgio, de acuerdo con lo que establece la Ley de Extranjería.

No obstante, el portavoz del PP balear, Miguel Ramis, terció hoy en la polémica y, en declaraciones a Servimedia, acusó a Socías de "utilizar la peor de las mentiras que es la verdad a medias", puesto que, al parecer, y según su testimonio, "una norma propia del Ministerio (del Interior) de diciembre de 2005 exime a los cargos de confianza de estas restricciones funcionales o territoriales que es el caso que se ha aplicado en Baleares".