Este es uno de los motivos del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra un texto que pretende, desde una norma autonómica, modificar el sistema de financiación que han de acordar las Cortes Generales con el consenso de todas las comunidades.

Fuentes del partido expusieron estos argumentos al explicar el recurso de inconstitucionalidad con el que piden la impugnación de la mitad del articulado del Estatuto de Cataluña, incluido el título dedicado a la financiación.

El Estatuto no es el lugar para regular la financiación autonómica, que se diseña en la LOFCA y debe establecerse con carácter general y partiendo de los principios de autonomía financiera, solidaridad y coordinación.

Tres principios constitucionales contra los que, para el PP,"atenta" el Estatuto de Cataluña, que pretende imponer límites a la solidaridad de manera bilateral, y pretende que la LOFCA sea interpretada en función de las previsiones estatutarias, lo que además generará un gran número de litigios.

En caso de que el Tribunal Constitucional no impugne la financiación prevista en el Estatuto, el PP augura un "sinfín de conflictos, una reordenación de la Administración General de Estado muy profunda", hasta quedar reducida en Cataluña "a la mínima expresión".