Así consta en el borrador de la resolución "Fortalecer lo que nos une" que será sometida el sábado a debate entre los más de 3.000 dirigentes populares asistentes al cónclave y que tendrá que ser aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional.

Entre las cuatro reformas constitucionales que está dispuesto a llevar a cabo el PP destaca la ampliación del consenso necesario para modificar los estatutos de autonomía, de manera que en todos los casos resulte imprescindible el apoyo de "dos tercios" de las Cortes Generales.

El PP apela a la "consolidación del gran pacto constitucional" para introducir este cambio, que actualmente convertiría en imprescindible al Partido Popular para que salga adelante el nuevo Estatuto de Cataluña, al que se opone Mariano Rajoy.

Otra de las reformas necesarias para el principal partido de la oposición es la "delimitación constitucional del sistema de competencias" para concretar cuáles pueden cederse a las comunidades autónomas y cuáles no pueden ser traspasadas, ni siquiera en virtud del artículo 150 de la Carta Magna.

El PP quiere también modificar la Constitución para blindar los principios de "cohesión, igualdad y solidaridad" entre todas las regiones del territorio español.

El recurso previo de inconstitucionalidad aplicado a los estatutos de autonomía es, en opinión de los populares, la cuarta reforma necesaria para que cualquier revisión de los marcos jurídicos de las comunidades pueda ser clarificada por al Alto Tribunal antes de su entrada en vigor.

La formación que lidera Mariano Rajoy critica en la resolución el "proceso de revisión del modelo de Estado" que está llevando a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mediante la modificación de estatutos de autonomía, como el catalán.

Para garantizar la estabilidad del sistema, propone introducir "mecanismos que salvaguarden nuestro modelo constitucional" y apunta en ese sentido a cuatro de las propuestas que el Consejo de Estado planteó en el informe encargado por el Ejecutivo.

Finalmente, asegura que estas reformas garantizarían "la pervivencia de un Estado viable y eficaz y un desarrollo armónico de las autonomías como garantía de la igualdad y la solidaridad".