Por ello, el Grupo Popular defenderá en el pleno del Congreso de mañana jueves la supresión de las modificaciones introducidas en el proyecto por el Senado.

Estas modificaciones se refieren sobre todo a la nueva relación orgánica y de servicios que se establece para el personal de la Administración de usticia. Hasta ahora, eran los propios juzgados los que tenían potestad de establecer horarios y esta función, según el texto de la ley, pasará a ser competencia del Ministerio de Justicia e Interior.

"Así se salda el enfrentamiento sobre los horarios entre el ministerio y los juzgados de semanas anteriores. Con esta ley", dijo Padilla, "el Gobierno pretende vaciar de competencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y debilitar la administración de justicia, cuyos empleados no solo recibirán hora instrucciones de juez, sino también de la Administracion".

Con esta nueva legislación, el PP teme que el Gobierno trate de dejar abierta la puerta a la progresiva territorialización de la administración de justicia.

A juicio de Padilla, las comunidades autónomas pretenden conseguir potestades reglamentarias que no les corresponden y que "serían en realidad el pago a ciertos favores parlamentarios".

Esta organización territorial de la justicia no serviría, según el portavoz popular, "par asegurar la mejor gobernabilidad de la justicia, sino como prebendas inadmisibles que pueden poner en peligro el gobierno de la justicia que fue aprobado por todos los españoles en la Constitución".

Si el Gobierno pretendiera dar potestad reglamentaria a las comunidades autónomas, el PP estudiaría impulsar un recurso de inconstitucionalidad.