Gortázar, que presentó ante el Congreso de los Diputados junto a Rodrigo Rato la proposición de Ley General de Medio Ambiente que ha elaborado el PP, declaró que su partido coincide con el Gobierno y el PSOE en la necesidad de reestructurar el Icona, pero añadió que las competencias que aún conservaba no deben reubicarse en l Ministerio de Agricultura, sino en un Ministerio de Medio Ambiente.

El nuevo departamento ministerial que defiende el PP aglutinaría las competencias ambientales de la Administración central, ahora dispersas entre varios ministerio, fundamentalmente los de Agricultura y Obras Públicas.

Según Guillermo Gortázar, la reestructuración del Ministerio de Agricultura provoca que las competencias sobre la gestión de los parques nacionales queden diluidas, a pesar de que el departamento que dirige Luis tienza mantiene que las seguirá conservando.

El diputado popular se mostró partidario de que la Administración central conserve la gestión de los parques nacionales, pero señaló que, en el futuro, más importante que ampliar la red estatal de parques será conservar los espacios que la constituyen en la actualidad.

SANCIONES

Respecto a la propuesta de Ley General de Medio Ambiente que presentó su partido ante el Parlamento, manifestó que cumple con un precepto constitucional que los gobiernos socalistas no han sido capaces de satisfacer.

El texto normativo consta de 57 artículos y seis disposiciones, una de las cuales obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, otro sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación y un tercero sobre Protección del Suelo y el Subsuelo.

La ley establece sanciones que oscilan entre las 100.000 y los 200 millones de pesetas por infracciones administrativas previstas en la norma.

Cuando la cuantía de la ulta resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción correspondiente se aumentará hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor. De esta manera, se pretende que a nadie le resulte menos costoso infringir la legislación que pagar la multa.