La secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a conocer el documento después de mantener una reunión de dos horas con los portavoces populares en las Cámaras regionales.

Los diez puntos del manifiesto, que resume la declaración en defensa de la Constitución que los presidentes autonómicos del PP aprobaron el año pasado en San Millán de la Cogolla (La Rioja), piden que cualquier reforma estatutaria garantice:

1) El respeto a la Constitución, de modo que cualquier reforma estatutaria respete el marco constitucional. "No se puede aceptar que, por la vía de una aparente reforma estatutaria, se dé carta de naturaleza a reformas constitucionales que suponen, además, una quiebra de la unidad nacional y de la igualdad de todos los españoles".

2) La unidad y la soberanía nacional, que pertenece "al pueblo español, considerado como un todo, del que emanan los poderes del Estado, cuya indisoluble unidad se manifiesta en la nación española".

3) El espíritu de consenso que presidió la transición, que "ha de propiciar que cualquier reforma estatutaria debe de estar avalada, al menos, por los dos grandes partidos nacionales tanto en los parlamentos autonómicos como en las Cortes Generales". En este punto, el PP propone "institucionalizar" esa costumbre para que sea necesaria una mayoría de 2/3 para cualquier reforma estatutaria.

4) La igualdad entre españoles y la solidaridad entre territorios de modo que se asegure "el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad".

5) La limitación al uso de la vía del artículo 150.2 de la Constitución de manera que rechace "cualquier intento de obtener unilateralmente mediante su inclusión en los estatutos de autonomía transferencias de competencias exclusivas del Estado".

6) Mantener una homogeneidad social básica "rechazando cualquier intento de revisar estatutariamente las competencias del Estado que le atribuyen con exclusividad la potestad para dictar la regulación básica" que garantiza la igualdad de los españoles.

7) Respeto al bloque de la constitucionalidad porque "desde los estatutos de autonomía no se pueden revisar de forma particular para una comunidad leyes esenciales para el conjunto de los ciudadanos", tales como el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad o la financiación autonómica.

8) Mantenimiento de un Estado viable que pueda llevar a cabo las funciones de un Estado moderno para garantizar la "cohesión nacional" y "prosperidad económica".

9) El importante papel de las corporaciones locales que considera necesarias para "profundizar en la descentralización a favor de las entidades locales" y que incremente y clarifique sus competencias.

10) Un modelo de financiación acordado "por todos y para todos" que sea aprobado unánimemente por las comunidades en los órganos competentes y respetando los principios de autonomía, suficiencia y coordinación.

Sáenz de Santamaría anunció en rueda de prensa que este decálogo será elevado al Comité Ejecutivo Nacional del PP para que este órgano interno lo ratifique en lunes en la reunión que analizará los resultados de las elecciones autonómicas gallegas.

La secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local se opuso a que en las reformas estatutarias se incluya el término nación para definir a las comunidades autónomas puesto que considera que es un "paso inexorable" para que los partidos nacionalistas reivindiquen a continuación la independencia de dichas regiones.

Sáenz de Santamaría afirmó que el PP está dispuesto a utilizar todos los "mecanismos legales" del Estado de derecho para impedir que las comunidades sean naciones puesto que considera que "vulnera" el artículo 2 de la Constitución.