Carro aludía con estas manifestaciones al hecho de que el titular de la Cámara, Victorino Núñez, no sometiera a la consideración de la Mesa la solicitud de prórroga para los tabajos de ponencia sobre el Reglamento, solicitada dos veces en escritos conjuntos por los tres grupos de la oposición, "adoptando él la decisión en medio de una clandestinidad vergonzosa", dijo Carro.

Victorino Núñez afirmó que sería absurdo prorrogar plazos para algo que ya está concluido y alegó que "la mayoría de las iniciativas emprendidas por la oposición tuvieron fines dilatorios y obstruccionistas".

En ausencia de los representantes del PSOE, los del Grupo Popular fijaron para el próximo artes la primera reunión de la comisión en la que deberían comenzarse a debatir en profundidad las más de 800 enmiendas que los cuatro partidos de la oposición presentaron al texto.

La partidos de la oposición consideran que dicho texto irá "destinado a recortar de manera sustancial los derechos de la oposición y a ahogar a las minorías".

Las previsiones de Victorino Núñez apuntan a que se necesitarán unos 8 días de debate, a razón de 100 enmiendas por día. Sin embargo, reconoció que en el caso d que los partidos de la oposición mantengan sus intenciones de no acudir a la comisión, "todas las enmiendas decaerán y el texto quedará listo para ser aprobado en el pleno sin ningún debate adicional".

Victorino Núñez manifestó que su intención es permitir el máximo debate en comisión, agrupando sólo las enmiendas de idéntico contenido, pero se mostró también decidido a avanzar en la tramitación, "sea cual sea la postura de la oposición".

"Sólo quiero ser como los ingenieros que construyeron el uro de Berlín, que seguramente no se pararon a pensar si debería ser hecho o no, sino que se limitaron a cumplir la obligación de construirlo", afirmó.

Núñez dijo estar seguro de estar actuando de acuerdo con la normativa vigente. El vicepresidente de la Cámara, el socialista Antonio Carro, manifestó en cambio que es "absolutamente impresentable que el informe de ponencia esté sólo firmado por el Grupo Popular". El PSOE acusó al Grupo Popular de romper el consenso sobre una norma elemental de la polítca institucional gallega.