En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, De Cospedal indicó que la iniciativa del Ejecutivo vasco supone un "desafío" al orden Constitucional de España y mostró su confianza en que el Tribunal Constitucional suspenderá la ley.

Ante esta situación, pidió al Gobierno que recurra cualquier actuación del Ejecutivo vasco relacionada con la consulta popular, en caso de que el TC rechace la ley del Parlamento Vasco.

"Quiero pedir al Gobierno que todas aquellas actuaciones, que a partir de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional de la consulta de Ibarretxe lleve a cabo el Gobierno vasco, sean perseguidas y atacadas con la legalidad vigente por parte del Gobierno", añadió.

A su juicio, el Gobierno tiene la "obligación" de utilizar todos los medios legales a su alcance para recurrir "cualquier actuación" económica o jurídica del Gobierno vasco "encaminada" a preparar "una hipotética consulta" que se mostró segura que "no va a tener lugar".

La "número dos" del PP aludía a los 5 millones de euros que el Ejecutivo vasco ha derivado para celebrar la consulta popular suponen un "despilfarro" de dinero público para una "una actuación contraria" a la decisión del Constitucional.

"En un orden democrático y constitucional", es "lógico" que el Alto Tribunal suspenda la consulta que tiene previsto hacer el Ejecutivo vasco, agregó.

Por último, De Cospedal informó que el recurso contra la la Ley de Convocatoria y Regulación de una Consulta Popular está avalado por 50 diputados y 50 senadores, como manifestación de la "contundencia y la voluntad" del PP de luchar contra "este desafío contra la soberanía nacional" promovido por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

La secretaria general del Partido Popular aludió a las declaraciones de Iberretxe de que "la legalidad no puede ser un obstáculo a la democracia" y dijo que esto sólo lo puede decir alguien que "no sólo no cree en la democracia, sino que la está poniendo en peligro con su actuación".