Utrera señaló que, según sus estimaciones, la reducción salarial ligada al reparto del empleo provocaría una disminución de 400.000 millones en la recaudación del IRPF,otro tanto en la de los impuestos indirectos y alrededor de 200.000 millones por otros tributos ligados a la pérdida de actividad económica.

El senador popular basa su argumentación en que la propuesta de reducción de la semana laboral para repartir el trabajo existente es "regresiva para el sistema de prestaciones, frívola desde el punto de vista económico e injusta en relación a los trabajadores que finalmente va a afectar".

A su juicio, profundizaría más en la crisis económica y, en contra de o que afirman sus promotores, provocaría una reducción del empleo, del consumo y de la inversión, lo que llevaría aparejado un desplome de los ingresos fiscales y la imposibilidad de sostener el Estado del Bienestar.

Utrera se mostró convencido de que, en la práctica, es imposible generalizar el reparto del trabajo, ya que "sólo es aplicable en el sector industria y en servicios de presencia física, como las ventanillas ministeriales, o de baja cualificación, en los que existe una vinculación directa ntre el tiempo de trabajo y el producto obtenido".

El senador popular agregó que gran parte de los empleos de mayor cualificación, y por tanto mejor remunerados, no admiten sistema de reparto del trabajo, y por tanto "los trabajadores menos cualificados serían los más perjudicados en sus retribuciones, al ser los únicos que repartan su trabajo y su salario con otros trabajadores".

DESTRUIRA EMPLEO

Según Utrera, la reducción de jornada "en casi ningún caso implicaría que vayan a entrar trabajadoes nuevos" y, en cualquier caso, "no habría un aumento de empleo equivalente a la disminución de jornada", porque las empresas intentarían organizar la producción con un menor número de empleados.

El parlamentario popular insistió en que una medida de estas características se acomodaría exclusivamente al sector industrial y a determinados servicios, como el comercio, y advirtió que la pérdida de recaudación para el Estado sería aun mucho mayor del billón de pesetas si se aplicase a toda la economía. A este respecto, se mostró convencido de que el trabajo de los profesionales, aunque no sean liberales sino asalariados, "no es susceptible de regulación horaria".

"Yo creo en la reducción de jornada", precisó, pero como "un resultado histórico que se debe al progreso, al incremento de productividad del trabajo, a la innovación tecnológica y eso va a seguir siendo así en el futuro".

Por contra, expresó su convencimiento de que la reducción de jornada "no puede vincularse al reparto de trabajo"mediante una decisión política al margen de las exigencias económicas, porque "eso es sólo el reparto de pobreza".

"No se puede a cinco trabajadores empobrecerlos un poco, para meter un sexto, porque las cosas no funcionan así en economía, en los mercados", recalcó.