Según la nota, la enmienda socialista dice textualmente: "Nadie podrá ser penado por calumnia o injuria, sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante lega. También podrá querellarse el Ministerio Fiscal cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concercientes al ejercicio de su cargos".

El senador popular Esteban González Pons ha señalado que, a pesar de que las injurias y calumnias a las instituciones del Estado ya están reguladas en el Título XX del Código Penal, con esta enmienda el PSOE "no pretende proteger la dignidad del cargo sino la de la persona que lo ocupa".

En este sentido, añadi que su origen se encuentra en las sucesivas negativas del fiscal general del Estado a presentar querella por injurias y calumnias cuando algún medio de comunicación ha relacionado al presidente del Gobierno con casos como el GAL o Filesa.

"La enmienda socialista", subrayó, "supone una corrección a la actitud juiciosa y libre del fiscal general del Estado, que considera que el tratamiento periodístico de estos asuntos no ofendía a las instituciones, sino en todo caso al propio presidente".

Gonzálz Pons advirtió que las consecuencias de este precepto van más allá, "ya que atenta conta la libertad de prensa al intentar poner una mordaza a las informaciones referentes a casos como GAL o Filesa, que afectan directamente al Gobierno y, además, concede a los cargos públicos el privilegio de poder disponer del fiscal general para sus asuntos particulares".

El senador popular aseguró no entender por qué el PSOE ha vuelto a incluir esta enmienda en su debate en comisión, cuando ya fue retirada en ponecia debido al rechazo suscitado por el resto de los grupos.