El PP mantiene que esta medida ha afectado negativamente a unas 10.000 explotaciones, que abarcan una superficie de 125.000 hectáreas de regadíos n los humedales manchegos.

La declaración de sobreexplotación sobre los acuíferos 23 y 24, que abastecen a las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera, respectivamente, contempla la prohibición total del riego e impone multas a los que vulneran el Plan de Explotación que pueden oscilar entre los 2 y los 7 millones de pesetas.

Los populares acusan al Ejecutivo castellano-manchego de cargar responsabilidades sobre el Gobierno central y de no oponerse a la medida ni haber establecido ayudas para os agricultores afectados.

Asimismo, han pedido a los socialistas que fomenten la racionalización del consumo de agua y la aplicación de nuevos sistemas de riego y de cultivo a través de líneas de ayudas y créditos especiales.

El Grupo Popular también responsabiliza de la situación a los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y al de Economía y Hacienda.

Según el diputado del PP José Arrieta, "no se debe descartar a corto plazo la recarga de los acuíferos manchegos con caudales quesean excedentes de otras cuencas hidrográficas de la región".

A su juicio, esta medida evitaría la ruina de las explotaciones agrarias que realizaron, no hace mucho tiempo, "importantes inversiones, alentadas y apoyadas por los organismos oficiales, que todavía no están amortizadas".

Además, propone la inmediata aplicación de medidas que racionalicen el consumo de agua, lo que, dijo, supondría en breve plazo una solución al problema no traumática para los agricultores.

Por otra parte, el Goberno regional no ha querido revelar cuál es el caudal del río Júcar disponible para acometer la transformación en regadío de las 55.000 hectáreas de Albacete y Cuenca.